Controversia por reducción presupuestaria al Carnaval de Oruro en 2027

El periódico LA PATRIA reafirmó su información sobre el recorte en el presupuesto destinado al Carnaval de Oruro para el año 2027, contradiciendo las declaraciones del alcalde Iván Quispe, quien asegura que la asignación presupuestaria se mantiene constante. Esta afirmación se respalda con datos del Sistema de Información de Gestión Pública (Sigep).

Durante una reciente conferencia de prensa, el alcalde Quispe criticó al concejal Antonio de Jesús Bazán y al medio LA PATRIA, argumentando que el presupuesto se había mantenido igual en 2,6 millones de bolivianos para 2025, 2026 y 2027, y cuestionó el uso del término "reducción" por parte de Bazán y el periódico.

Sin embargo, los datos proporcionados por el concejal Bazán y corroborados por LA PATRIA demuestran que, a pesar del monto inicial de 2.674.340 bolivianos asignados para el Carnaval en el POA 2027, este representa una disminución de más de 700.000 bolivianos en comparación con el presupuesto vigente de 3.403.390 bolivianos de 2026, que incluía ajustes presupuestarios aprobados.

El director de Planificación del GAMO, Franz Martínez, admitió que sí ha habido un ajuste presupuestario, aunque lo atribuyó a un cambio estratégico de gestión. A pesar de esto, el alcalde continúa rechazando la noción de un recorte.

El concejal Bazán expresó su apoyo a LA PATRIA, destacando la importancia del periodismo en la transparencia de la información pública. Además, subrayó que su labor se limita a reportar hechos basados en datos técnicos provenientes de autoridades municipales, resaltando la importancia de la información precisa en el contexto del carnaval.

A pesar de los intentos de LA PATRIA por obtener una entrevista con el alcalde para aclarar la situación, su agenda ocupada impidió que se llevara a cabo, lo que deja en evidencia ciertas contradicciones en la gestión municipal respecto al presupuesto del Carnaval.

Con 107 años de trayectoria, LA PATRIA reafirma su compromiso con el periodismo basado en hechos verificables y la defensa de la libertad de expresión, insistiendo en la importancia de la verdad en los reportes sobre la gestión pública.