Compromisos del FMI: Ajuste fiscal y fin de subsidios a combustibles en Bolivia

El reciente acuerdo del Gobierno boliviano con el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete aliviar la escasez de divisas y restaurar la confianza en la economía. Sin embargo, esta estrategia incluye la eliminación de subsidios a los combustibles desde enero de 2027, lo que implicará ajustes económicos significativos antes de que se vislumbre una recuperación.

El precio del diésel y la gasolina que actualmente pagan los transportistas y las familias no será sostenible a largo plazo. El compromiso del país con el FMI establece que a partir de 2027 todos los combustibles deberán tener precios que reflejen sus costos reales, eliminando las subvenciones que hoy existen.

Este acuerdo, que podría inyectar $us 1.900 millones a la economía, también pronostica un periodo complicado, ya que los ajustes fiscales comenzarán en un contexto de recesión. La recuperación económica, según proyecciones, no se esperaría antes de 2028.

Implicaciones del ajuste fiscal y social

El Memorando de Políticas Económicas y Financieras especifica que no se podrán destinar recursos del Tesoro ni de las empresas públicas para subvencionar combustibles en el presupuesto de 2027. Actualmente, los precios se mantendrán congelados hasta finales de 2023, después de lo cual se ajustarán según un nuevo mecanismo que considerará el tipo de cambio y otros costos relacionados.

Aún no se ha definido el nuevo precio de los combustibles ni si el ajuste será gradual. Sin embargo, la eliminación de la subvención podría impactar rápidamente el costo del transporte, la producción y los alimentos, y se anticipan tensiones sociales derivadas de este cambio.

"Yo no veo otra solución de que se levante el subsidio", señaló Marcelo Trigo, expresidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

Trigo también enfatiza la necesidad de un apoyo directo para las familias más vulnerables, aunque advierte que el marco jurídico para el registro de beneficiarios no estará listo hasta marzo de 2027, lo que genera preocupación sobre la capacidad del Estado para mitigar los efectos del ajuste en los hogares que más lo necesitan.

El financiamiento de $us 1.900 millones está sujeto a la aprobación del Directorio del FMI y a la Asamblea Legislativa. No será un desembolso inmediato ni libre de condiciones, y se evaluará el cumplimiento de metas cada tres meses. Trigo sugiere que el verdadero valor radica en restablecer la confianza de otros acreedores y facilitar el acceso a más financiamiento.

La situación económica de Bolivia se ha visto afectada por la disminución en la producción de gas y un déficit fiscal alarmante que llegó al 11% del PIB en 2025. El acuerdo con el FMI también exige la adopción de un régimen cambiario flexible y la implementación de medidas para reducir el déficit fiscal, lo que puede resultar en un ajuste severo en el gasto público.

El impacto de este ajuste no solo se sentirá en el ámbito fiscal, sino también en el financiero. El Banco Central tendrá que implementar políticas que restrinjan la liquidez y limiten el financiamiento directo al sector público. Esto podría influir negativamente en las condiciones de los créditos para la producción y la vivienda, aumentando los costos de financiamiento para los ciudadanos.

A medida que Bolivia se enfrenta a esta nueva etapa, Trigo describe la situación como una familia que ha perdido ingresos y gastado sus ahorros. La necesidad de un ajuste en el estilo de vida se vuelve imperante, subrayando que la búsqueda de estabilidad no debe afectar desproporcionadamente a la población más vulnerable.

Aunque el acuerdo del FMI ofrece un respiro a la economía boliviana, también plantea desafíos significativos que deberán ser abordados con cuidado para evitar un impacto negativo en la actividad productiva y en los sectores más desfavorecidos de la sociedad.