Gobierno boliviano y OEA abordan conflictos sociales y seguridad

En un encuentro con la Comisión Policial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Bolivia detalló los efectos de los 53 días de conflictos sociales que atravesó la nación entre mayo y junio. La reunión, que culminará el viernes, tiene como objetivo establecer medidas preventivas y avanzar en la reinstitucionalización de la Policía Boliviana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, resaltó que la colaboración con organismos policiales de países miembros de la OEA se centra en proteger los derechos humanos durante futuras protestas, asegurando el derecho a manifestarse sin afectar el libre tránsito, la salud y el abastecimiento de la población.

"Ojalá no haya conflictos sociales en este país, pero en caso de que se presenten, deben estar enmarcados en la protección de los derechos humanos, permitiendo el derecho a protestar sin perjudicar a los demás".

El ministro también hizo hincapié en los graves daños ocasionados por las anteriores movilizaciones, recordando que algunas ciudades quedaron sin oxígeno, alimentos, transporte y atención médica, y que muchas personas perdieron la vida en las carreteras durante esos días de conflicto.

Respecto a la lucha contra el narcotráfico, Oviedo reconoció un aumento en los cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba, lo que contradice algunos resultados obtenidos en la fase de interdicción. Sin embargo, subrayó que se han dado golpes significativos al narcotráfico, con más de 80 aeronaves incautadas.

Además, se ha logrado desarticular laboratorios y detectar redes criminales compuestas por ciudadanos de Colombia, Brasil y Paraguay, muchos de ellos armados con fusiles de alto calibre.

En relación con la explosión ocurrida en el cuartel Simón Bolívar de Viacha, el ministro aclaró que las investigaciones se manejan a través de dos canales formales para evitar rumores. Las Fuerzas Armadas designaron al general Héctor Alejandro Alarcón como portavoz para informar sobre el avance de las indagaciones, mientras que el Ministerio Público lleva a cabo las diligencias pertinentes.