Intervención de YPFB por 180 días: Nueva etapa para la petrolera estatal
Por Norma Aguilar — 2 Sep 2026

El Ejecutivo ha determinado la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante un plazo de hasta 180 días calendarios, motivada por las deficiencias observadas en sus operaciones. El objetivo es mejorar la cadena logística de importación y distribución de combustibles en el país.
Esta medida, formalizada a través del Decreto Supremo 5697 que fue aprobado el 1 de septiembre, establece la creación de una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que supervisará las actividades de la petrolera estatal mientras dure la intervención.
El decreto señala que la intervención podría extenderse, de manera excepcional, por un periodo adicional de 90 días si se considera que las causas que dieron lugar a esta acción persisten. No obstante, también se contempla la posibilidad de finalizar la intervención antes de los 180 días si se logran resolver las deficiencias existentes.
Composición de la comisión y sus funciones
La Comisión de Intervención estará conformada por representantes de varios ministerios, incluyendo Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia. Su labor se concentrará en aspectos clave como la comercialización y trazabilidad de los combustibles.
Entre sus objetivos primordiales se encuentra la recomendación de auditorías técnicas enfocadas en detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de combustible. Además, la comisión tendrá la autoridad para revisar todos los procesos relacionados con la importación, distribución y comercialización de combustibles.
En el marco de su actuación, la comisión podrá solicitar la colaboración de expertos y consultores, así como instar a la remoción de personal si fuera necesario. Asimismo, se establece que el personal de YPFB deberá proporcionar información a la comisión en los plazos establecidos, con responsabilidad ante el incumplimiento.
Por último, el decreto aclara que no se requerirán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación para llevar a cabo esta intervención, ya que todos los gastos serán cubiertos por los presupuestos de las entidades involucradas en la comisión.

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