Desaceleración en la inversión pública de Oruro: solo un 10% de ejecución presupuestaria

La situación en la Gobernación de Oruro es preocupante, ya que la ejecución del presupuesto anual apenas alcanza el 10%. El gasto operativo, por su parte, se sitúa en un 28%, según informó César Ayala, secretario departamental de Finanzas. Este bajo rendimiento se debe al proceso de cambio entre la administración de Johnny Vedia y la nueva gestión de Edgar Sánchez, que ha ocasionado una parálisis en la toma de decisiones durante los primeros cuatro meses del año.

Ayala comentó que durante los meses iniciales del año, como enero, febrero y marzo, la ejecución fue prácticamente nula. En abril, la transición también afectó la actividad, y aunque en mayo se intentó comenzar la ejecución, las complicaciones derivadas del cambio de personal y responsables de las cuentas fiscales hicieron que el avance fuera mínimo. Sin embargo, desde junio se ha logrado reactivar la ejecución presupuestaria, aunque los números aún son bajos.

El funcionario manifestó que, a pesar de las dificultades, la Gobernación tiene como objetivo alcanzar al menos un 80% de ejecución del presupuesto a finales de año, aunque es poco probable que se logre el 100%. Esto se debe a los desafíos típicos que traen consigo los años de transición en la administración pública.

Entre los proyectos más rezagados, se destaca que hasta agosto solo se ha alcanzado un avance del 10% en inversiones, mientras que el gasto operativo es del 25%. Esto indica una mayor atención a los gastos corrientes en lugar de a la inversión en infraestructura y desarrollo productivo.

Ayala aseguró que bajo instrucciones de la máxima autoridad departamental, se están priorizando los proyectos que tienen un impacto significativo para la región. Sin embargo, para alcanzar el objetivo del 80% de ejecución, será necesaria una dedicación excepcional en los próximos meses.

Esta situación pone de manifiesto los costos administrativos que acarrean los cambios de gobierno en las regiones, donde los procesos de transición suelen resultar en meses de inactividad que afectan a la población, que se encuentra a la espera de obras y servicios que se ven postergados por la burocracia.