Gobierno aumenta el monto de subvención para combustibles

El Gobierno, bajo la dirección del presidente Rodrigo Paz Pereira, emitió el jueves 27 de agosto el Decreto Supremo N.º 5683, que incrementa de Bs 1.000 millones a Bs 2.000 millones el presupuesto que el Tesoro General de la Nación (TGN) puede destinar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir los costos de importación de hidrocarburos.

Esta nueva normativa modifica el Decreto Supremo 5652, que había autorizado previamente hasta Bs 1.000 millones para equilibrar el costo de importación y el precio preterminal del petróleo crudo. El artículo único del Decreto 5683 establece claramente que el nuevo monto autorizado asciende a: “Hasta Bs 2.000.000.000 (DOS MIL MILLONES 00/100 BOLIVIANOS)”.

No obstante, esto no implica que la totalidad de los Bs 2.000 millones se desembolsarán de inmediato, ya que se trata de un techo máximo de recursos que se pueden asignar, dependiendo de la disponibilidad financiera del TGN, conforme al mecanismo ya establecido.

El objetivo de este decreto es asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país. Según el Gobierno, esta medida responde a la actual situación económica y busca estabilizar los precios de los productos derivados del petróleo.

Además, el Decreto 5683 mantiene el procedimiento anterior, permitiendo que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del TGN, otorgue recursos a YPFB según su capacidad financiera. Estos fondos se destinarán a cubrir el diferencial entre los costos de importación y el precio preterminal del crudo, según la metodología vigente.

El decreto se promulga en un contexto de debate sobre el precio del diésel y la gasolina, aunque no modifica directamente dichos precios. Su contenido se enfoca en ampliar el financiamiento para asegurar la importación y estabilización de los combustibles en el país.

Finalmente, el cumplimiento de esta norma recaerá en los ministros de Economía y Finanzas Públicas y de Hidrocarburos y Energías, quienes son responsables de su ejecución. El decreto fue firmado en el Palacio de Gobierno el 27 de agosto de 2026 por el presidente y sus ministros.