Implementación de diésel flotante genera controversia en el sector agropecuario

El presidente Rodrigo Paz promulgó el Decreto 5676, que establece un precio referencial y fluctuante de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y clientes directos. La medida, que busca eliminar filas en las estaciones de servicio y combatir el contrabando de combustibles, ha sido rechazada por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), que sostiene que afecta a pequeños y medianos productores.

Según los ministros Fernando Aramayo y Marcelo Blanco, la decisión se enmarca en la necesidad de reducir la carga fiscal del Estado y dejar de subsidiar los precios de los hidrocarburos. Aramayo comentó que el país enfrenta una escasez de dólares para cubrir las importaciones de diésel, lo que ha llevado a la implementación de este nuevo esquema de precios.

Clasificación de consumidores y precios diferenciados

El decreto clasifica a los consumidores en tres grupos: aquellos que consumen entre 120 y 5.000 litros mensuales, los que compran entre 5.000 y 19.900 litros, y los grandes consumidores que superan los 20.000 litros. Los pequeños consumidores continuarán pagando Bs 9,80 por litro, manteniendo el precio subsidiado.

El presidente de la CAO, Klaus Frerking, criticó la medida como un "trato discriminatorio" que no aborda el problema del desabastecimiento y advirtió sobre el riesgo de fomentar el agio y el mercado negro. Frerking también mencionó que el sector agropecuario representa solo el 16% del consumo nacional de diésel, lo que cuestiona la responsabilidad del agro en el desabastecimiento alimentario.

Por su parte, la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) también se pronunció en contra del decreto, exigiendo un diálogo con el Gobierno para revisar sus implicaciones. El sector del transporte, representado por la Confederación de Choferes de Bolivia, advirtió que los costos podrían aumentar, repercutiendo directamente en los precios de los productos básicos para la población.

El vicepresidente Edmand Lara instó al Gobierno a detener la implementación del decreto y a abrir un diálogo con todos los sectores involucrados, señalando que el incremento en el precio del diésel podría afectar a las familias bolivianas. Analistas como Gonzalo Chávez consideran que esta medida es solo un parche y no soluciona el problema de desabastecimiento a largo plazo.

A pesar de las críticas, el presidente de YPFB, Sebastián Daroca, aseguró que se están tomando medidas para asegurar el abastecimiento y que las filas por gasolina se solucionarán en breve. Se acordaron también medidas para hacer más transparente el suministro de combustibles en Santa Cruz, con la participación de sectores públicos y privados.