Dudas sobre el nuevo proyecto de Ley de Inversiones en Bolivia

Omar Rilver Velasco Portillo, experto en temas económicos, ha planteado serias preocupaciones respecto al reciente proyecto de Ley de Inversiones promovido por el Gobierno boliviano, señalando seis puntos que, a su juicio, generan contradicciones que deben ser analizadas con detenimiento.

Uno de los aspectos más criticados es la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI). Velasco cuestiona el propósito de esta entidad y la efectividad de su funcionamiento en los 120 días asignados para el desarrollo del Plan de Inversiones, dejando dudas sobre su rol en el proceso.

El analista también señala que los incentivos económicos, financieros y jurídicos propuestos para las empresas transnacionales carecen de requisitos claros. En su opinión, el proyecto no impone obligaciones mínimas relacionadas con la inversión, el empleo, la transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país.

Otro punto de crítica se centra en las exenciones tributarias que ofrece el proyecto, incluyendo beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, así como créditos tributarios sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE). Velasco advierte que estas medidas podrían resultar en una disminución de los ingresos fiscales, sin contar con mecanismos sólidos que compensen dicha reducción.

Además, Velasco plantea inquietudes sobre la posibilidad de que las empresas extranjeras puedan repatriar utilidades y dividendos sin restricciones, ya que el proyecto no parece establecer mínimos para reinversión en Bolivia ni medidas que aseguren el retorno de dólares generados por las exportaciones.

Por último, el analista critica la participación de la Asamblea Legislativa en los contratos de inversión, argumentando que la norma propone una ratificación de acuerdos que deberían ser negociados por el Ejecutivo, contradiciendo lo que establece la Constitución en relación con las atribuciones del Legislativo.

Por si fuera poco, Velasco considera preocupante que el proyecto permita al Gobierno utilizar recursos públicos para financiar programas de crédito y garantías dirigidos al sector privado, especialmente en un contexto de déficit fiscal que enfrenta el país.