La burocracia en la importación de combustibles complica la situación en Bolivia

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan Justiniano ha manifestado su preocupación por el impacto que tiene la burocracia en los procesos de importación de diésel y gasolina, advirtiendo que esta situación está profundizando la crisis de combustibles en Bolivia. Para contrarrestar este problema, sugirió la implementación de nuevas medidas a través de un decreto supremo que agilice el suministro de estos productos.

Santistevan propuso que el nuevo marco normativo permita a los importadores privados realizar sus operaciones bajo un procedimiento más ágil, eliminando la duplicación de controles y trámites que encarecen los costos y abren la puerta a la corrupción. En su opinión, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debería ser la autoridad responsable de la autorización y supervisión de la importación, así como de la cantidad y calidad de los combustibles que se comercializan.

Además, el constitucionalista hizo hincapié en que la participación de YPFB en las distintas fases de la importación podría aumentar la burocracia, citando la Ley N° 3058 de Hidrocarburos como referencia. Asimismo, recordó la Ley N° 466 de la Empresa Pública, que otorga a la ANH la capacidad de regular y supervisar el sector.

En su análisis, también se propuso la suspensión de aranceles e impuestos sobre la importación de combustibles, argumentando que estos costos adicionales, junto con factores como la variación del dólar y los precios internacionales del petróleo, dificultan la competitividad de los precios en el mercado.

Santistevan sugirió que sería beneficioso excluir al diésel y la gasolina de la lista de sustancias controladas, retirando así a la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) de los procesos de autorización y control. Considera que esta intervención genera trámites innecesarios y que los controles deberían centrarse en prevenir desvíos hacia actividades ilícitas, utilizando información de la ANH.

El abogado también criticó el Decreto Supremo 5619, que ha aumentado los trámites relacionados con el control de calidad de los combustibles, proponiendo que la ANH concentre estos controles en un proceso más eficiente.

Por último, Santistevan enfatizó que las importaciones privadas de diésel y gasolina no deben ser parte de la cadena estatal de hidrocarburos, sugiriendo que el Estado reduzca la duplicidad de controles y permita a la ANH ejercer eficientemente sus funciones. Una reforma que reduzca la burocracia y elimine costos innecesarios podría mejorar las condiciones para la importación privada y mitigar la crisis de combustibles.