Represión policial en Argentina durante protesta por ley controvertida frente al Congreso

Este jueves, bajo una intensa lluvia, una multitud de ciudadanos se reunió frente al Congreso de la Nación Argentina para expresar su rechazo al proyecto de ley de 'Inviolabilidad de la Propiedad Privada', impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La jornada estuvo marcada por la represión policial, que utilizó camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes.

A pesar de que la protesta se desarrollaba de manera pacífica, las autoridades decidieron intervenir sin justificar si hubo detenidos durante el operativo. Organizaciones sociales denunciaron que la represión se intensificó en el momento en que la movilización se encontraba en su apogeo, y se reportó al menos una persona herida por el impacto de una bala de goma.

La convocatoria, que bajo el lema 'La patria no se vende, no se quema ni se desaloja' unió a varios sectores, incluyendo a la CGT, las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y agrupaciones ambientales y políticas. La movilización no fue exclusiva de Buenos Aires, ya que se llevaron a cabo concentraciones en diversas ciudades del país.

Con el avance de la tarde, las fuerzas de seguridad comenzaron a utilizar técnicas más agresivas para dispersar a los ciudadanos, lo que generó críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien se responsabilizó por la brutalidad del operativo. Los efectivos de Gendarmería, además, usaron balas de goma en puntos neurálgicos como la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, afectando incluso a periodistas presentes en el lugar.

A pesar de la represión, los manifestantes decidieron continuar su protesta en la Plaza de Mayo, reafirmando su oposición a la iniciativa legislativa del Gobierno de Milei. La resistencia se mantuvo, incluso después de que el oficialismo retirara un artículo del proyecto que permitía la venta de tierras rurales a extranjeros, en respuesta al creciente rechazo de la población.

Sin embargo, los convocantes subrayaron que otros aspectos del proyecto siguen siendo problemáticos, ya que consideran que representan un 'ataque directo' a los derechos de vivienda, comunitarios y ecológicos. Uno de los puntos más controvertidos es la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, que facilitaría el cambio de uso de tierras rurales y podría llevar a un aumento de incendios provocados intencionalmente.